24 de junio de 2020

EL EMÉRITO Y SU COHORTE DE CÓMPLICES ARRIBISTAS Y ZÁNGANOS

 

Imagen del artículo en Nueva Revolución

A lo largo de la historia, los reyes se han rodeado de lo que se ha llamado su Corte o Cohorte, que era un conjunto de personajes de la nobleza o no que supuestamente le ayudaban al gobierno de su reino. Sin embargo, entre ellos pululaban los arribistas, aduladores, instigadores y bufones en un totum revolutum, todos ellos vividores gracias a la cercanía al monarca que buscaban, cuando no pugnaban, por ganarse su confianza sirviéndoles en asuntos de gobierno y mayormente en otros asuntos más prosaicos, dependiendo del nivel moral y ético del soberano de turno, que por lo general no venían de cuna muy bien dotados de estos valores. Ni que decir tiene que estos personajes igualmente buscaban beneficiarse personalmente y escalar en la Corte y en el grado de influencia sobre el monarca y, para ello, la información o pruebas sensibles que pudiera perjudicar de algún modo al mismo rey era un valor muy cotizado.

Desde la instauración de la monarquía borbónica después de la muerte del dictador, alrededor del Juan Carlos I se ha ido tejiendo una “Corte” que con las singularidades del momento histórico resulta muy similar a las de otras épocas pretéritas. Como el monarca por la Constitución no tiene labores de gobierno, esta Cohorte buscaba la supuesta amistad como elemento de distinción social y otros se han prestado en tapar las andanzas inconfesables del ahora rey emérito.

La incompresiblemente abortada comisión parlamentaria de investigación por parte de PSOE, PP, Cs y Vox no a va a impedir que conozcamos los devaneos de faldas, los negocios en que estaba embarcado para multiplicar de manera espectacular su fortuna y otras actividades aún menos confesables de índole impropia de un Jefe del Estado del llamado rey emérito. Lo que sí va a impedir es que conozcamos con nombres y apellidos y podamos señalar con el dedo a quienes se han venido lucrando de manera directa e indirecta de su cercanía al monarca tapando y ocultando su poca ética y escasa moralidad.

En esa “Cohorte”, al igual que en tiempos pretéritos, hay arribistas, zánganos, vividores, que bajo nombres y apellidos rimbombantes de mucho abolengo y denominaciones de muy conocidas corporaciones y medios de comunicación han sabido lucrarse en lo económico y social de su relación con la monarquía y de ocultar y tapar los desmanes de ese Jefe de Estado, del que poco a poco estamos conociendo que concibió esa máxima jefatura como una herramienta para dar rienda suelta a sus más bajos instintos.

El relevo, por herencia, en la Jefatura del Estado, no ha dado ninguna garantía de una posible regeneración, ya que el actual rey presuntamente se ha lucrado de las relaciones de su padre. Ahora también hemos sabido como un amigo de su progenitor le costeó a modo de regalo, 269.000 dólares, es decir, el 50% del coste de su viaje de bodas alrededor del mundo. Viaje organizado por la amante de su padre. De verdad nos creen tan estúpidos para pretender hacernos ver que, por amistad, alguien regala esa cantidad de dinero, sin saber que antes o después no le retornará con creces de manera crematística en lo económico y social o si no lo han conseguido con anterioridad.

Si como parece más plausible, el empresario no fue tan dadivoso y tan solo se dedicó a prestarse como testaferro de su amigo el monarca, la cosa empeora aún más. Ya que esta fue la única manera que encontró el rey padre de donar a su hijo 269.000 dólares para su viaje de boda, sin que llamara la atención y nadie se preguntara de donde podría sacar el rey esa cantidad si su asignación como rey en ese momento era de poco más de 250.000 euros anuales.

El escándalo del cobro de comisiones por la supuesta mediación del emérito en la construcción del AVE en Arabia Saudí, lo pretendieron zanjar mediante la renuncia a la herencia de su padre del actual rey y apartando al rey emérito de la agenda Real y quitarle la asignación económica que cobraba. Por cierto, también hemos sabido que esa asignación será destinada a imprevistos de la Casa Real. Pudieron haberla donado para atender a los más necesitados, pero no, se van a dedicar a “imprevistos”. De nuevo todo queda en casa, real se entiende.

Lo más triste de todo y como prueba de lo que decimos, es que todo esto lo españoles lo estamos sabiendo gracias a la prensa extranjera porque los grandes medios de comunicación patrios huyen del asunto, no sabemos si como pago de anteriores favores o como futuros por lo que pueden venir.

En definitiva, los ciudadanos estamos padeciendo la insoportable levedad de la monarquía borbónica instaurada por un dictador que a cambio de una vida muy regalada solo se le exigía una supuesta y discreta ejemplaridad y en su conjunto, lo están devolviendo con actitudes nada recomendables en lo ético y moral y de una Cohorte de amistades peligrosas que día si y día también nos reafirman que la monarquía en este país por historia y definición supone una institución necesariamente prescindible.


Puño en Alto

19 de junio de 2020

EL DRAMÁTICO PRAGMATISMO DE ISABEL DÍAZ AYUSO

 Decía el dictador Adolf Hitler que la guerra era un momento clave para acabar con todos aquellos enfermos que él consideraba incurables, aquellos que según el régimen nazi solo consumían recursos del Estado -personas con enfermedades y discapacidades físicas o mentales-, mientras el resto del mundo andaba demasiado distraído en otros asuntos. Dicha idea fue materializada en el famoso programa llamado “T-4” o “de eutanasia”: asesinatos masivos de personas con discapacidad (entre otras), considerabas como una carga para el Estado y vidas sin valor. Fueron muchas las protestas públicas que se dieron en contra de tal descabellado programa, la misma Santa Sede había afirmado que “el asesinato directo de una persona inocente por defectos mentales o físicos no está permitido”, ya que está contra la ley divina. Fue una masacre que aún hoy muchos niegan, a pesar de las evidencias de la misma, para evitar que se haga justicia, si es que se puede hacer justicia en estos casos.

Es un gran escándalo, aunque intenten ocultarlo desviando la atención de la ciudadanía hacia cosas que no llegan a ningún lado, la criminalidad tan descomunal que se ha cometido hacia los ancianos en algunas residencias de diferentes comunidades autónomas, dando órdenes de no derivar a muchos enfermos con nivel de dependencia o discapacidad intelectual a hospitales, siendo en la Comunidad de Madrid la mortalidad en dichos centros hasta 10 veces superior que en otros territorios. Al caos que se ha vivido en las residencias madrileñas, con un 60% de bajas de personal cuidador debido a los contagios (siendo ya el número, antes de la pandemia, muy reducido como consecuencia de los recortes en los mismos), siendo algunos centros pequeños evacuados porque se quedaron sin manos literalmente, con personal de cocina, mantenimiento y otros cargos ayudando en tareas que no les correspondía y de las que no tenían conocimiento, a todo eso hay que añadir algo más: una decisión ética y legalmente muy cuestionada por parte del Gobierno madrileño, con Isabel Díaz Ayuso al mando.

Así, en plena pandemia, la presidenta de la Comunidad de Madrid, ordena enviar un protocolo a seguir en las diferentes residencias de ancianos de la comunidad que gobierna.

En dicho protocolo se evidencia una gran discriminación hacia pacientes, pues se ordena que aquellos que cumplan ciertos requisitos -como el tener más de 80 años, tener una enfermedad de órgano terminal, discapacidad mental o física, demencia moderada o grave, entre otras cosas-, no se deriven a hospitales en caso de que presenten síntomas de covid 19. En un segundo protocolo se elimina el criterio de rechazo a pacientes de más de 80 años con síntomas de covid 19, pero el resto no se modifica. Así, fueron miles de ancianos los que presentaron síntomas y que fueron excluidos de llevarlos al hospital, muriendo abandonados en sus camas. Sin saber que hacer, muchos directores de residencias avisaron al gobierno madrileño de la situación tan crítica en la que se encontraban, pero solo encontraron como respuesta el más absoluto silencio.

Cuando el protocolo sale a la luz, la presidenta Isabel Díaz Ayuso y su consejero Enrique Ruiz Escudero, niegan la existencia de dicha orden. Ante las protestas de la población y el escándalo que se avecina, el protocolo llega a tener hasta seis versiones distintas, siendo el definitivo enviado el 25 de marzo, y lo cierto es que la defensa que ambos hacen de los protocolos caen en contradicciones. Y cuando ya no pueden negar lo evidente debido a las numerosas pruebas que hay, estos cambian su versión diciendo que es cierto que esos protocolos se enviaron, pero solo eran “borradores” y se enviaron por “error” (desde luego son borradores bastante macabros y preocupantes).

Sí, un “error” que se envió a 475 residencias de Madrid. Un “error” que ha costado muchas vidas, porque, precisamente, el 80% de muertes en residencias madrileñas se produjeron hasta el 17 de abril (período en que los hospitales negaron dichos ingresos según estableció el protocolo enviado).

En Madrid, han sido cerca de 6000 ancianos los que han fallecido con covid-19 o sintomatología, siendo un porcentaje muy alto aquellos que murieron sin ser trasladados a un hospital. Pero, curiosamente, esos borradores enviados por “error” no se enviaron a los 40 centros y hospitales de la red privada de salud de Madrid, de modo que encontramos un añadido: no solo se discriminan en dichos protocolos a personas con discapacidad u otras enfermedades, sino que también se discriminan a aquellos que no gozaban de un seguro privado. Asisa o Sanitas, dos aseguradoras privadas de los hospitales madrileños, aseguran que nunca tuvieron órdenes de tener que seleccionar a sus mayores según los criterios del protocolo.

De esta forma, a todos aquellos ancianos con síntomas de covid-19 que presentaron algunas de las características discriminatorias, eran rechazados por los hospitales públicos mientras que los ancianos con seguros privados gozaron de su derecho para ser atendidos en una cama en un hospital público. Parece ser que la presidenta Isabel Díaz Ayuso se olvidó de que ese derecho lo tenía todo el mundo. Un error, ¿eh?

Ayuso, a diferencia de los presidentes de otras comunidades autónomas, solo quiere eludir responsabilidades, de ahí lo de negarlo, de ahí justificarlo como un “error”, de ahí que la presidenta haya tenido el valor de decir que esto no ha sido más que una “anécdota”, para luego barrer la culpa hacia el Gobierno central, a pesar de que la responsabilidad de las residencias recae sobre las comunidades autónomas, de modo que su gobierno es el único responsable de lo ocurrido en las residencias de Madrid.

Pero curiosidades hay muchas, como la de que fuera precisamente el Partido Popular quién en febrero votara en contra de la Ley de Eutanasia, afirmando que “para el PSOE la eutanasia es una política de recortes. Quieren ahorrar costes”, excusándose bajo la afirmación de que no hay una demanda, a pesar de que las encuestas del CIS decían que más del 70% de los españoles apoyaban la regulación de la eutanasia. Para contrarrestar la imagen de esa negativa a una muerte digna, los populares presentaron una proposición de ley sobre cuidados paliativos. Decían que tenemos la mejor sanidad del mundo y que no se podía invitar a la muerte en lugar de defender la vida hasta el último momento. Nos cuesta entender qué entiende el partido popular por cuidados paliativos cuando no han hecho más que ir desmantelando la sanidad pública. Nos cuesta entender qué entiende el Partido Popular por cuidados paliativos cuando han ordenado dejar morir a cientos de ancianos en sus camas. Nos cuesta entender que hablen de cuidados paliativos cuando han tenido las residencias con el personal sobrepasado debido a la escasez de este y sin recursos para la atención médica. Pero es lógico que nos cueste entenderlo, sobre todo después de escuchar como la misma presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, declaraba que “si ha habido criterios técnicos y sanitarios que te dicen que igualmente esta persona va a fallecer, que mejor se quede ahí, yo no lo puedo cuestionar ahora en frío y a toro pasado”, argumentando con esto que dejar morir de esa forma a esos ancianos sin la atención médica que les correspondía por derecho, era algo que había que hacer. Parece que lo de defender la vida hasta el último momento es solo en los casos en que sus políticas lo consideren oportuno.

Y otra curiosidad que no podemos olvidar es que el rechazo a la ley de eutanasia de parte del PP está basado en criterios de ética y moralidad de la Iglesia Católica, una institución que intenta imponerse a una población que en su mayoría ya no comparte sus ideales ni su falsa fe. La Iglesia Católica conocida por ser una defensora de la vida, “la vida es un don de Dios y solo él tiene el poder para darla y quitarla”, dicen. De este modo, no solo se oponen a la ley de eutanasia para dar una muerte digna, sino que también se oponen a la práctica del aborto dándole igual cualquiera que sea la circunstancia en la que se encuentre la mujer embarazada (si la madre sufre un peligro de muerte, si el bebé trae enfermedades graves, si el embarazo ha sido producto de una violación, etcétera). La vida ante todo, llevan como eslogan, y siempre es el argumento que utilizan para intentar justificar su negativa. Pero, parece ser que la defensa por la vida de la Iglesia Católica es relativa -y no lo decimos porque se opusieran a leyes como la del Ingreso Mínimo Vital, a sabiendas de que es una manera de ayudar a sobrevivir a todos aquellos que más sufren las consecuencias de las crisis-, pues no se entiende cómo es posible que ante lo que ha ocurrido en las residencias madrileñas haya guardado un auténtico y completo silencio. Parece ser que las vidas de todos esos ancianos no son lo suficientemente importantes y valiosas para que los altos cargos de esta institución salgan aclamando su famoso eslogan “En Defensa de la vida”. Ese silencio nos hace pensar que no les han importado absolutamente nada de lo que ha pasado en esas residencias como consecuencia de decisiones políticas del gobierno madrileño, decisiones que están contra los derechos internacionales de las personas con discapacidad.

Que la decisión política tomada por el partido popular madrileño con Isabel Díaz Ayuso al frente es muy cuestionable tanto ética como legamente, es más que evidente, y todo ello da aún más escalofríos cuando recordamos las declaraciones de uno de los que fuera consejeros de Sanidad de los populares: “Cada vez que desaparece una persona de estas características, desaparece un problema económico y financiero para el Estado. Cada vez que una de estas personas es empujada al fallecimiento por la vía de la eutanasia, el Estado está ahorrando muchísimo“, argumentando así lo que el Partido Popular entiende por eutanasia.


Puño en Alto

11 de junio de 2020

MARLASKA, GUARDIA CIVIL Y JUSTICIA (UN CÓCTEL QUE NO TERMINA DE MEZCLAR MUY BIEN)

 

Imagen del artículo en Nueva Revolución

No voy a ser yo quien defienda al ministro de interior, Fernando Grande Marlaska, entre otras consideraciones, porque arrastra un curioso currículum como juez poco ejemplarizante, por no haber acometido a tiempo la necesaria limpieza en la infesta cúpula de los cuerpos de seguridad que dejó el PP y por la nefasta gestión que está haciendo de la destitución del coronel Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid.

Somos muchos los que a pesar de que sea ministro del gobierno progresista, no podemos ni debemos olvidar algunas de sus más sobresalientes actuaciones como juez. La causa del Jak 42, Forum Filatélico, como se empleó de la mano del PP contra el dialogo con ETA en tiempos de Rubalcaba, la persecución de los dibujantes de la revista de “El jueves” por atreverse a satirizar a la monarquía, etc.

Tampoco voy a ser yo quien defienda a la Guardia Civil, cuyo honor dicen algunos haberse mancillado tras el cese del coronel Pérez de los Cobos, porque algunos de los más altos mandos, incluidos el coronel cesado, y otros menos altos mandos con nostalgia de tiempos pretéritos de esa vetusta y trasnochada institución se las arreglan ellos solitos para desprestigiarla día si y día también, a pesar, de la abnegada profesionalidad de la mayoría de sus miembros. Tan vetusta y trasnochada que debería desaparecer e integrar a sus miembros en el cuerpo de la policía nacional. 

Que un grupo de guardias civiles hagan informes policiales por encargo de una jueza, no solo con inexactitudes gruesas y tendenciosas, sino también manipulando las declaraciones de testigos de manera igualmente tendenciosas y que no hayan sido destituidos o al menos abierto una investigación, dice muy poco a favor de la institución, acerca de la imparcialidad de la misma y como garante de la legalidad. Hay quien ve en todo, además de una evidente causa política, una venganza por la falta de decisión de no proceder a la igualación salarial entre los cuerpos de seguridad del estado con los autonómicos. 

Tampoco voy a ser yo quien defienda que se ha soslayado la independencia del poder judicial, porque este poder del estado hace tiempo en este país ha dejado de ser independiente, si alguna vez lo fue, respecto al poder legislativo y mucho menos al ejecutivo y hasta del económico.

Aquellos que ahora se rasgan las vestiduras por una presunta injerencia del gobierno en la acción judicial, deberían ser más cautos y coherentes. Porque flaco favor se le hace a la independencia de la justicia, cuando la casi totalidad de las asociaciones de jueces y fiscales que representan están políticamente alineadas con una determinada opción política y cuando surge alguna polémica, se sabe perfectamente cuál va a ser la posición de cada una de ellas. La lucha intestina dentro de la judicatura, al margen de los ajustes de cuentas por celos, por motivos profesionales y crematísticos, odios y animadversiones personales, se confunden con motivaciones políticas, que en muy pocas ocasiones tienen que ver con la defensa de una justicia independiente, objetiva y realmente justa, valga la redundancia. Lo cierto es que los ciudadanos, cada dos por tres ven pasmados como desde algunos juzgados o tribunales se dedican más a defender postulados políticos que procurar impartir una verdadera justicia, dando como resultado que mismos hechos y motivaciones obtienen sentencias dispares en función del relieve personal y social de quienes son juzgados, ya sean personas físicas o jurídicas. Y lo dijo aquel alcalde jerezano de infausto recuerdo que terminó en la cárcel: ”La justicia es un cachondeo”. Muy probablemente lo más certero que pudo decir nunca.

Supone unas simples reflexiones con la destitución o cese del coronel Pérez de los Cobos como fondo, polémica que la derecha y ultraderecha y sus medios de comunicación afines alimentados por el poder económico temeroso de perder algo de sus enormes privilegios están aprovechando para erosionar más al gobierno, olvidando como de una súbita amnesia, lo que el PP llegó a hacer desde el ministerio del interior en tiempos del gobierno de Rajoy.


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5 de junio de 2020

LAS PRIORIDADES DE LA DERECHA

 Con el pretexto peregrino de pretender contribuir al mantenimiento de la actividad económica y del empleo, favoreciendo la liquidez de pymes y autónomos, el Gobierno Andaluz exime de pagar impuestos a las llamadas maquinas tragaperras desoyendo a las asociaciones y entidades dedicadas a la lucha contra la ludopatía.

Estas son las prioridades de un gobierno de derechas que, al igual que ha ocurrido con la pandemia, antepone la economía a la salud pública, ignorando que Andalucía posee unas de las mayores tasas de ludopatía originada por el juego del azar del país.

No debemos obviar que, según algunos observatorios internacionales especializados, en muchos países las multinacionales de la delincuencia organizada utilizan los salones de juego, donde abundan las máquinas tragaperras, como herramientas de blanqueo de dinero negro procedente del narcotráfico y de la prostitución. Dos actividades que en nuestro país destaca especialmente, por desgracia.

Esta ampliamente demostrado que los salones de juegos y demás proliferan en aquellas comunidades donde está instaurada la precariedad social y económica y en donde el narcotráfico representa una verdadera amenaza social donde encuentran el caldo de cultivo idóneo para sus pingues beneficios. En Andalucía, se da estas dos circunstancias y, sin embargo el gobierno de derecha PP-Cs, apoyado por la extrema derecha, decide ajeno a esta triste y grave realidad fomentar el juego de azar, eximiendo del pago de impuestos a estas empresas. Y en el colmo de la desvergüenza con la excusa de favorecer el mantenimiento de la actividad económica. Todo un despropósito político, económico y social que conociendo a los artífices de esta decisión, debe esconder otras motivaciones presuntamente inconfesables, ya que la dada a nadie con un minimo de inteligencia puede convencer.

En la comunidad autónoma de Madrid, el gobierno de PP y Cs apoyado por la extrema derecha, ha tomado una medida similar y, curiosamente, con la misma excusa de mantenimiento y creación de empleo a la vez que han dejado sin menú a los niños de menos de seis años de familias vulnerables.

Las derechas, aquí, en Madrid y de dónde sean siempre tienes las mismas prioridades.

Las prioridades de este gobierno de derechas quedan patentes con la decisión que tomaron el pasado 1 de junio. Se decidió un MASIVO RECORTE presupuestario en los CENTROS DE ATENCIÓN A MENORES EXTRANJEROS, que llevará al CIERRE de muchos centros y a la REDUCCIÓN DE PLAZAS de muchos de ellos. Se tienen que justificar, una vez más, y achacan que dicho recorte descomunal se debe a que hay que hacer un reajuste en el presupuesto para paliar la crisis que estamos viviendo, invirtiendo ese dinero en ayudas a las personas que se ven afectadas por esta crisis.

Recortar en servicios sociales públicos por motivos por reajustes presupuestario a la vez que eximen a la casas de apuestas de pagar impuestos. En esta ecuación algo no cuadra. Solo la derecha y la extrema derecha con su fijación patológica contra los inmigrantes son capaces de pretender que cuadre.


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4 de junio de 2020

LA DERECHA DA UNA NUEVA VUELTA DE TUERCA A LA PRIVATIZACIÓN DE LA SANIDAD PÚBLICA ANDALUZA

 

Imagen del artículo en La Voz del Sur

Que la derecha nunca ha creído en los servicios públicos es una evidencia y que cuando tiene la oportunidad de gobernar, acomete privatizaciones declaradas o en cubierto, siempre apelando demagógicamente a que de esta manera los ciudadanos tendrán un mejor servicio, cosa que a la larga se demuestra que no es así, pero eso ya no les importa porque ya han cumplido sus objetivos al privatizar dichos servicios, que en poco o nada están los de mejorar el servicio y sí los de beneficiar a empresarios muy espabilados.

La decisión de la Consejería de Sanidad de Jesús Aguirre del PP, con el beneplácito del vicepresidente de la Junta, Juan Marín, de retirar la referencia a determinados hospitales públicos en beneficio de hospitales privados concertados es una prueba evidente de privatizar, aún más, la sanidad pública andaluza. Poco ha tardado la derecha en el gobierno andaluz (PP y Cs) sustentado por la extrema derecha, en demostrar su poco apego a los servicios públicos.

Para los municipios de la Costa Noroeste, con esta medida el hospital de Jerez ha dejado de ser el centro de referencia en beneficio del Hospital Comarcal de Pascual. Es decir, los usuarios de estas poblaciones tendrán que ir sí o sí al citado hospital privado concertado para su atención médica, hospital que, como toda empresa, supedita su actividad al beneficio económico que es su esencia de ser como empresa privada.

Los sanluqueños ya no podrán elegir el Hospital de Jerez para sus consultas médicas y, si acostumbraban a ir al Hospital Comarcal de Pascual, más que nada por su cercanía, van a ver como este centro se va a masificar al tener que atender forzosamente a los usuarios de Trebujena y Chipiona, con el deterioro y tardanza en las consultas que ello conllevará.

El PP de Sanlúcar ha dado la callada por respuesta. Cs, en una demencial comparecencia pública de Javier Porrúa, portavoz de su formación en Sanlúcar y fiel escudero de Juan Marín, se ha enredado en su intento de justificar esta medida, demostrando a pesar de su condición de médico, un desconocimiento supino del tema al afirmar que el hospital comarcal era de naturaleza pública.

Otro silencio, muy significativo por cierto, es el del PSOE del alcalde de Sanlúcar de Barrameda, Víctor Mora, que gobierna la ciudad junto a Cs, a diferencia de otros alcaldes de los municipios afectados que ha denunciado la medida. A buen seguro que este hecho le condiciona y en nada eso otro de que un ex alcalde socialista que facilitara en su día la construcción del hospital comarcal, tras su paso por prisión encontrara cobertura laboral en dicho centro o que un presunto clientelismo le favorezca electoralmente.

Lo cierto es que no se entiende que, al igual que el PP, dé la callada por respuesta a una medida de la Consejería de Salud que en nada beneficia al conjunto de los sanluqueños.

El gobierno de Andalucía del PP y Cs sustentado por la extrema derecha y en la parte que le toca al PSOE de Víctor Mora no han entendido nada de lo ocurrido con la pandemia y en vez de procurar fortalecer con inversiones la sanidad pública, deciden privatizarla, siendo el ejemplo más palmario lo ocurrido en Madrid. Comunidad en la que la pandemia ha puesto de manifiesto las dramáticas consecuencias de los recortes y privatizaciones en la sanidad pública en dicha comunidad autónoma llevada a cabo por los sucesivos gobiernos del PP.


Puño en Alto

LA DEROGACIÓN DE LA REFORMA LABORAL Y UN POSIBLE IMPUESTO A LAS RENTAS MÁS ALTAS SON LAS CAUSAS DE LA FRENÉTICA BELIGERANCIA DE LA DERECHA

 Hay quien defiende que la fiereza contumaz, en el fondo y las formas, con que la derecha se está empleando contra el gobierno del país responde a que solo ellos se ven legitimados para gobernar y todos los demás son gobiernos ilegítimos hagan lo que hagan, propongan lo que propongan. En los genes de la derecha está siempre el poder mandar y, por eso, llevan muy mal lo de no poder ordenar.

Del mismo modo, hay quien cree que la escalada en la crispación política es debida a que la derecha está compitiendo entre ellas para ver quién es más duro e implacable con este gobierno PSOE-UP. Si para ello tienen que entrar en gruesos descalificativos personales y familiares pues se entra como un elefante en una cacharrería y si tiene que utilizar medios rayando la ilegalidad o manipular con falsedades y bulos, lo hacen sin pestañear porque se sienten legitimados para ello.

Es cierto que la gestión de pandemia da unos números socialmente inasumibles y económicamente más que preocupantes. La derecha, sin ninguna alternativa, está utilizándolos de manera nauseabunda para agudizar el acoso y derribo al gobierno, lo que demuestra que esa derecha patriotera, fundamentalmente PP y Vox con algunos esporádicos latigazos de Cs, poco les preocupan el drama personal, familiar y sus consecuencias sociales y económicas que hay detrás de esos números, salvo para ser utilizados como arma política arrojadiza con la que atizar al gobierno.

No obstante, hay dos datos que en gran medida han espoleado a la derecha elevar más, si cabe, la crispación hasta niveles insospechado, aunque han pretendido ocultarlo con su crítica por la gestión de la pandemia. Estos no son otros que el anuncio de la propuesta de Unidas de Podemos de crear un impuesto sanitario a las rentas más altas con el objetivo de paliar en gran medida los efectos de la pandemia y, por otra parte, ver en negro sobre blanco la voluntad del gobierno de derogar la nefasta reforma laboral del PP de 2012.

Basta que se diga que se quiere derogar la reforma laboral para que se desate la madre de todas las tormentas políticas.

Digan lo que quieran decir las derechas, pero más que apareciera un acuerdo del gobierno con EHBildu, a quienes llaman herederos de ETA, la realidad es que más les ha debido preocupar (y a la élite empresarial y económica que los ampara) es que se visualice la voluntad del gobierno de acabar con la reforma laboral del PP que tantos pingües beneficios ha dado a esa élite empresarial y tanta calamidad laboral ha ocasionado en la clase trabajadora. De ahí la furibunda reacción de la derecha política y económica y sus voceros en los medios de comunicación contra el gobierno al respecto, pronosticando toda clase de males y malos augurios de llevarse a cabo tal pretensión, aunque la hayan pretendido maquillar con la excusa de la pandemia. El anuncio del presidente de la patronal CEOE y de la CEPYME de abandonar la Mesa de la Concertación recién constituida van en esa línea.

Por otra parte, la decisión de Unidas Podemos de llevar a la Comisión de la Reconstrucción la propuesta de crear una tasa COVID 19 del 2%, en sustitución del obsoleto e inservible impuesto del patrimonio, para los más ricos y grandes fortunas, con el objeto de conseguir recursos con los que sufragar los gastos, especialmente sanitarios, originados por la enfermedad, así como, luchar contra la desigualdad que supone que el 1% de la población con mayor patrimonio acapare una cuarta parte de la riqueza del país, mientras que el 20% más pobre solo posee el 0,1%.

Esto ha soliviantado a esa élite económica privilegiada y a eso responde en gran parte las concentraciones y caceroladas contra el gobierno, curiosamente en los barrios más ricos de la capital, así como, de otras ciudades del país.

Hemos podido escuchar a algún que otro economista tertuliano, muy neoliberal y muy probablemente en nómina de los medios de comunicación controlados por esas mismas élites económicas, manifestar que con esa medida apenas se recaudaría más que con el impuesto sobre el patrimonio, además de originar una huida de capitales fuera del país.

Con estos hechos queda patente, una vez más, la hipocresía y el escaso arropo moral y ético de una derecha que por activa y pasiva no acepta los resultados electorales, salvo cuando le beneficia a ella y aquellos para quienes sirven, los que desde bambalinas mueven los hilos para que establezcan políticas afines a sus intereses que en nada coinciden con los intereses de la mayoría social. Y que cuando esos resultados electorales no les benefician o pueden poner en cuestión sus privilegios, pretenden deslegitimar al gobierno, así como, recurren a toda clase de maniobras con los que erosionar a esos gobiernos. El caso del coronel de la Guardia Civil cesado por el ministro de interior tras haber dado por bueno y entregado a una jueza un informe con datos falseados y testimonios modificados para relacionar el 8M con la pandemia es una buena muestra de hasta donde son capaces de llegar para conseguir su único objetivo, recuperar cuanto antes el poder, aumentar sus beneficios y privilegios para posteriormente perpetuarse en el mismo.


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1 de junio de 2020

ES TIEMPO DE CONSTRUIR, NO DE DECONSTRUIR

 

Imagen del artículo en La Voz del Sur

Los últimos acontecimientos en el seno de la supuesta izquierda alternativa al PSOE andaluz me han hecho recordar a aquellos personajes llamados Curris de la legendaria serie infantil y no tan infantil de los Fraggle Rock. Los Curris eran unos diminutos personajes ataviados con indumentaria de currantes que se dedicaban de manera incansable a hacer construcciones, pero su mayor dedicación era la de reconstruir por las noches aquellas que eran destruidas por el día todo por el resto de personajes del universo de esta serie.

Así es, en el seno de la izquierda andaluza alternativa, mientras algunos están ocupados y preocupados en tender puentes de entendimiento y consenso capaz de aglutinar a una mayoría social para hacer frente a las políticas económicas neoliberales que poco a poco la derecha (PP y Cs) en el gobierno autonómico apoyado por una ultraderecha montaraz y con muy pocos escrúpulos, otros se dedican a desandar cuando no a deconstruir esos espacios de entendimiento para construir unos nuevos donde seguir poniendo palos en las ruedas al consenso.

De esta manera se puede entender, aunque no explicar ni mucho menos justificar los movimientos de los Anticapitalistas, formación política de ideario troskista. Siendo una corriente dentro de Podemos, deciden abandonar la formación morada para posteriormente integrarse como partido en la marca Adelante Andalucía que preconizaron Podemos e IU junto a un par de minúsculas y testimoniales formaciones andalucistas con el objeto de liderar un nuevo sujeto político bajo esa marca alternativa al PSOE en Andalucía independiente de Podemos y de IU, al estilo de En Comú de Ada Colau, para darle, según manifiestan, una voz propia a Andalucía en el Congreso de los Diputados.

Esta operación, mas partidista que política, no exenta de personalismo y de un trasnochado purismo ideológico excluyente aderezado con un nacionalismo andaluz cuasifolclórico que ha fracasado en cuantas intentonas de darle forma política se han acometido, está preconizado por Teresa Rodríguez y por su pareja el alcalde de Cádiz, José María Gonzále, Kichi.

De nada ha servido, que desde el respeto en Podemos a nivel nacional y mucho menos a nivel andaluz no se haya visto con buenos ojos esta operación, ni tampoco desde IU, integrante de Unidas Podemos y de Adelante Andalucía. El presunto ninguneo que sometido a IU a nivel andaluz ha sobrepasado ciertos límites inimaginables, hasta el punto que el siempre cauto y ponderado ex coordinador andaluz de IU, Antonio Maillo, manifestara que se siente traicionado por Teresa Rodríguez. Del mismo modo, poco o nada han tenido en cuenta que el electorado no hay cosa que castigue más que la división y el enfrentamiento interno, así como, el vaivén de siglas, plataformas o marcas electorales en modo alguno lo pueden entender y menos aún lo consideran serias como para prestarle apoyo y confianza.

Tradicionalmente, en los mentideros políticos de izquierda se suele decir a modo de sambenito que los troskistas se involucran en movimientos sociales, vecinales y demás acaparándolos, siendo posteriormente desvirtuados de sus objetivos para los que nacieron y una vez vaciados de personas y contenidos los dejan caer para parasitar otros nuevos. Yo no creo en este sambenito ni que en el adn troskista esté la manipulación de cuantas asociaciones y movimientos sociales se le pongan a tiro, pero cierto es que a veces, muchas veces, su comportamiento se asemeja en gran medida al sambenito que soportan.

Al margen de tener experiencias personales a nivel local cercanas que no hacen más que redundar y acrecentar esa mala fama y egos, protagonismo y odios viscerales han dado al traste con la posibilidad de acabar con un régimen socialista, solo tengo que decir, en plan castizo y no menos folclórico, que no está el patio para tanto farolillos y sí para aunar esfuerzos en pos de una mayoría social cada vez más silenciada, alejada y desencantada de tanto ruido sin sentido.

En el caso que nos ocupan, bien se puede entender que corresponde con el sambenito, al margen de egos, protagonismos y odio viscerales a compañeros de viaje y es por ello, que me ha recordado a los Curris, esto es, mientras unos construyen otros se dedican a deconstruir lo construido.


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